La magnitud y complejidad de los efectos sociales y económicos provocados por la pandemia COVID-19 ha obligado a nuestros Estados a tomar medidas excepcionales, como la declaratoria de estados de emergencia y cuarentenas nacionales o focalizadas; la autorización a los gobiernos para que usen de forma extraordinaria los recursos disponibles y para que busquen dinero a través de la adquisición de deuda pública; así como la limitación de algunos derechos constitucionales como el de reunión, movilidad, o el de acceso a la información.

El primer tipo de medidas (emergencias, cuarentenas, uso extraordinario de recursos) se justifican por la necesidad de incrementar la capacidad de respuesta ante una enfermedad que requiere respuestas ágiles para disminuir el número de personas contagiadas y muertas. Por otra parte, la restricción de algunos derechos ciudadanos, tiene detrás la valoración de que preservar la integridad, la vida y la salud de la población, justifica la limitación temporal de otros derechos como el de movilidad o reunión.

Hasta acá, todo parece razonable y sensato. Sin embargo, en muchos de nuestros países, la pandemia también ha sido utilizada como justificación para limitar o suspender el derecho de la ciudadanía para requerir y acceder a información sobre las actuaciones de los funcionarios e instituciones públicas y para que estos rehúyan al deber que tienen de rendir cuentas a la sociedad sobre sus actuaciones.

¿Es esto razonable, la pandemia es suficiente justificación para ello, es una medida que contribuye a que nuestros Estados y sociedades enfrenten de manera más efectiva los efectos generados por el COVID-19?

En AFAN pensamos que la respuesta es NO. Limitar el derecho ciudadano a la información NO es razonable, la pandemia NO justifica que los funcionarios rehúyan al deber de rendir cuentas y todo esto NO contribuye a que enfrentemos mejor la crisis y sus efectos.

¿Por qué afirmamos tales cosas? El primer argumento es que el acceso a la información por parte de la ciudadanía es un derecho y que la obligación de los funcionarios de rendir cuentas y transparentar sus actuaciones es un deber y un atributo propio de regímenes democráticos.

Lo segundo es que para enfrentar la pandemia se requiere de un esfuerzo en el que todas las personas, las empresas, las organizaciones sociales y las instituciones públicas nos involucremos, haciendo cada uno lo que le corresponde y eso no es posible con personas desinformadas. Más bien contar con información oportuna y de calidad sobre lo que está pasando y sobre las actuaciones de las instituciones y los funcionarios, es fundamental para que las personas formemos criterio propio, cobremos conciencia de la realidad y nos dispongamos a actuar con responsabilidad frente a la amenaza que implica la pandemia.

Una tercera razón es que en nuestros países tenemos suficiente evidencia de que el acceso a la información es vital para que la sociedad ejerza contraloría social respecto a las actuaciones de los funcionarios y las instituciones que, ante la ausencia de ella, tienen la tentación y más espacio para actuar de manera discrecional, clientelar, abusiva y corrupta.

De hecho, parece que los países que están teniendo más éxito, están caminado en una ruta caracterizada por un liderazgo inteligente y democrático del gobierno y por la participación proactiva y corresponsable de la ciudadanía y las empresas.

Por otra parte, nuestros países han avanzado (unos más otros menos) en la digitalización de la información y todos cuentan con marcos normativos, institucionales y con herramientas que permiten gestionar con eficiencia y relativa facilidad, los procesos de solicitud y acceso de la información por parte de la ciudadanía, así como para que los gobernantes rindan cuentas sobre sus actuaciones.

En Lucas 8:17 se afirma que “…no hay nada oculto que no haya de ser manifiesto, ni secreto que no haya de ser conocido y salga a la luz”. Ese verso bíblico es oportuno para sostener que llegará el momento en el que tengamos más evidencia para respaldar lo que ahora decimos, juzgar las actuaciones erradas y aplaudir las correctas.

En AFAN estamos convencidos de que la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información son sustanciales para avanzar en la consolidación de la democracia y que la crisis, si así lo decidimos, es una oportunidad para avanzar en su consolidación.