En menos de seis meses, la pandemia COVID-19 ha infectado a más de 16 millones y ha matado a alrededor de 700,000 personas en 180 países de los cinco continentes del planeta.

Además de las implicaciones para la salud y la pérdida de vidas, el coronavirus ha tensionado y muchas veces desbordado los sistemas de atención médica, ha interrumpido el sistema educativo, ha golpeado las economías generando desempleo masivo y causando estragos en las empresas y ha paralizado la vida social con cuarentenas obligatorias, toques de queda y otras medidas estrictas que buscan contenerlo.

En medio de esta tragedia mundial, ha emergido el Estado como la principal tabla de salvación.  Pero esta vez, los Estados, han aparecido como lo que realmente son, no como entelequias abstractas o aparatos que entrelazan edificios y oficinas llenos de escritorios y papeles, sino como cuerpos vivos integrados por miles y millones de hombres y mujeres de carne y hueso que todos los días ejercen la multicolor profesión del servicio público.  Por cierto, una profesión que en la mayoría de países de nuestro continente ha venido perdiendo su sentido y su valor a los ojos de la ciudadanía.

La COVID-19 en poco tiempo nos ha ayudado a elevar la conciencia y la comprensión del papel fundamental que desempeñan las servidoras y servidores públicos en la vida cotidiana, y en particular, en tiempos de crisis severas, como esta pandemia.  Y lo ha hecho revelando las dos caras de la moneda.

Por una parte, están los miles de hombres y mujeres que han sido ejemplo de entrega sin reserva, de sacrificios heroicos que llegan hasta la propia vida, pero también con las competencias y habilidades para ejercer sus funciones con eficiencia y eficacia.  Personas normales de carne y hueso, que conforman verdaderas cadenas de servicio público y que todos los días salen de sus casas a jugarse la vida por los demás.  La Covid-19 ha provocado que recuperen toda nuestra admiración y respeto.

El ejemplo más visible son quienes trabajan en la atención médica de primera línea y demás servidores de salud pública.  Pero también están maestros y maestras, personas que trabajan en bienestar social, policías, militares, agentes penitenciarios y recogedores de basura, entre otros.

Pero por otra parte, la pandemia nos ha mostrado también las consecuencias negativas en la vida de una persona, que incluso pueden ser graves, de caer en manos de servidoras o servidores públicos que no tienen el compromiso necesario o que carecen de las competencias y destrezas para cumplir con sus funciones.

El mensaje no puede ser más claro.  Solo con personas que tienen el compromiso, la sensibilidad humana y las competencias, es decir, los conocimientos, las aptitudes y las actitudes necesarias se pueden tener Estados y gobiernos que cumplan con su razón de ser:  garantizar los derechos de la gente, ofrecer servicios públicos con calidad y calidez y movilizar las energías de la sociedad en función de un desarrollo sustentable e incluyente que permita el bienestar de la población.

La Covid-19 nos ha mostrado que cada hombre o mujer que ejerce el servicio público sin el compromiso y las competencias que demanda su puesto de trabajo es una verdadera estafa a la ciudadanía y un atentado contra sus derechos.

La pandemia pues, nos pone ante el desafío ineludible de reinventar el servicio público, lo que implica asegurar que todo su personal, no importa su nivel, su cargo, o la institución en que trabaja, tenga el amor y las competencias necesarias para estar a la altura de su responsabilidad.

Pero responder a semejante desafío pasa por desmantelar de una vez por todas la vieja y enraizada política y cultura del clientelismo y el compadrazgo como mecanismos privilegiados para ingresar y permanecer en las instituciones públicas.

Esa reinvención del servicio público no será posible si no se instalan sistemas de carrera profesional que exijan y garanticen la selección y el desarrollo continuo del mejor talento de la sociedad para servir desde el Estado en base a compromiso, entrega, mérito y competencias.

¿A quién le toca impulsar esta gigantesca tarea?  El gran error de nuestras sociedades ha sido dejarla solo en manos de los gobiernos. Ha llegado el momento de exigirla y acompañarla nosotros, desde nuestra condición de ciudadanas y ciudadanos.  Es nuestro derecho y nuestro deber.  Nuestros pueblos demandan y merecen un servicio público con corazón, que palpite todos los días y en todas partes, con amor y competencias.  No esperemos la siguiente pandemia.