En la primera parte de esta nota, publicada el 19 de enero, se plantearon las primeras valoraciones sobre la insinuación del presidente Nayib Bukele en relación a reducir el número de municipios en El Salvador, pasando de 262 a 50.

Sobre ello, hay que tener en cuenta que los antecedentes generan suficiente evidencia de que en la cabeza del gran líder y sus allegados no existe una visión del desarrollo donde los gobiernos locales y los territorios tengan un rol proactivo como sujetos relevantes, sino que más bien se les relega a una relación clientelar y de actores de segunda categoría supeditados a la voluntad, intereses, prioridades y ritmos que se deciden en el nivel central. Sobre esto, se han hecho públicas numerosos reclamos y críticas de líderes comunitarios, representantes de organizaciones de la sociedad civil y alcaldes y concejales, incluyendo varios que fueron electos bajo la bandera del partido de gobierno.

Además, la forma como se lanza la idea revela que la prioridad está en el número de municipios y no en una visión integral del desarrollo territorial, por lo que es necesario valorar qué es lo que realmente pudiera estar detrás de la propuesta.

Una primera consideración que ya ha sido planteada por columnistas y analistas políticos es la facilidad de control político que se genera al tener un país con menos entidades territoriales y gobiernos locales. A la par de esta situación tenemos otra que no ha sido (hasta ahora) analizada con la importancia que en realidad tiene y es que el sistema electoral a partir del cual se elige a los alcaldes y concejales utiliza la fórmula conocida como D´hont, que favorece a los partidos mayoritarios y afecta a los minoritarios.

No olvidemos que El Salvador es uno de los pocos países de América Latina que no tiene representación proporcional en los Concejos Municipales. Lo que tenemos, a partir de las reformas efectuadas en el año 2013 es una integración plural de los Concejos, pero no es proporcional, ya que de acuerdo a las reglas a través de los cuales se elige a los alcaldes y miembros de los Concejos Municipales en El Salvador, el partido que obtiene la mayoría de los votos válidos emitidos, consigue (al menos) la mitad más uno de los escaños, incluyendo al alcalde o alcaldesa y el resto de los escaños (concejales) se distribuyen entre los demás partidos participantes. Si el sistema fuera “proporcional” cada partido obtendría el número de concejales que en proporción le corresponden según el número de votos válidos que obtuvo.

Bajo estas condiciones, las posibilidades del partido en el gobierno de concentrar poder teniendo menos municipios es mayor.

Por otra parte, es importante considerar que el partido en el gobierno (Nuevas Ideas) está construyendo su estructura territorial y en ese sentido es mucho más viable hacerlo en 50 territorios que en 262.

Otra posible razón sería disminuir el gasto público, especialmente porque al disminuir el número de gobiernos municipales, se podría prescindir de una cantidad importante de funcionarios y la carga en gasto corriente (salarios, prestaciones, funcionamiento, etc.) disminuiría, lo que teóricamente podría ser beneficioso si los recursos liberados se utilizan para ampliar la inversión en proyectos de desarrollo. Sin embargo, la forma como ha actuado hasta ahora el gobierno de Bukele muestra suficiente evidencia de que este no es el sentido de la reforma. Como ha sido expuesto, la reducción de las transferencias y la centralización de los proyectos en la DOM, más bien han causado una disminución en la inversión local.

No sabemos si el tweet del presidente indica que existe un proyecto claro y voluntad para impulsar una reforma que modifique el número de municipios en El Salvador, o si es una “cáscara” para desviar la atención en relación a otros problemas que le están complicando las cosas como las crecientes denuncias de corrupción o el fracaso del proyecto Bitcoin.

Más allá de las intenciones del presidente, este es un asunto de mucha relevancia que debería ser objeto de debate y participación ciudadana para que una reforma de este tipo se impulse en el marco de una visión y estrategia más amplia e integral de reforma del Estado para descentralizarlo, acercarlo a la ciudadanía, beneficiarla e impulsar el desarrollo nacional.