Después de meses de restricciones provocadas por la COVID-19, poco a poco volvemos a la “nueva normalidad”, en un escenario incierto y con alto riesgo de que existan re-brotes de la enfermedad que podría llevarnos, como ha ocurrido en varios países, a retomar restricciones económicas y sociales.

Los estudios y proyecciones realizadas por instituciones como CEPAL, BID, OMS, PNUD y otros son abundantes y coincidentes. Aspectos claves de la vida en el planeta y en cada uno de nuestros países están gravemente golpeados: la economía está en recesión, crecerán la pobreza, la desigualdad y la inseguridad alimentaria. El impacto es como la enfermedad: global, multidimensional y profundo en sus efectos negativos inmediatos e impactos futuros.

Quienes estamos preocupados por la participación ciudadana, entendida como un derecho y como un asunto central en la salud de las democracias y como factor clave para producir desarrollo incluyente, no podemos pasar la página sin cuestionar qué desafíos nos deja la crisis provocada por la COVID-19 en este campo, poco explorado y discutido, en el marco de una coyuntura que se presenta enlazada con la transformación digital.

Sin exagerar, se afirma que la COVID-19 desnudó la realidad que tenemos y nos está permitiendo ver lo que somos con más claridad. Las fortalezas y debilidades de las personas y las familias, de los sistemas de salud y de las economías son ahora bastante más claras y fáciles de apreciar que antes. ¡Eso es cierto! Pero también es propio decir que la participación ciudadana, durante la crisis y en la nueva normalidad también está mostrando síntomas y signos de alerta.

Como punto positivo, podemos anotar que con más y con menos y ya sea por miedo a la enfermedad o por el creciente conocimiento sobre las formas prevenir el contagio, en general las personas hacen lo mejor que pueden para cuidarse y cuidar a los suyos. Quienes aún no lo hacen, sea o no su intención, fallan en solidaridad y corresponsabilidad ciudadana.

El acceso a información oportuna, pertinente, veraz y de calidad es sin duda un asunto vital para estimular una actitud co-responsable de la ciudadanía y esto no es posible si los Estados no tienen la voluntad y el compromiso de poner a disposición de todas y todos, usando todos los medios posibles, datos, recomendaciones y explicaciones sobre lo que debemos hacer los de “a pie” y sobre lo que hacen quienes elegimos para que tomen decisiones, gobiernen y establezcan rutas de abordaje de la crisis.

En plena era digital, en la que cada vez más personas tenemos el mundo al alcance de un “click” y con mayores posibilidades de usar las TIC como plataformas potentes y eficientes para ser binomios proactivos que consumen y producen información, la crisis mostró que al menos en Latinoamérica y El Caribe (salvando algunas excepciones), estamos lejos de ser “ciudadanos digitales”. Las brechas de acceso a internet, más que la disponibilidad de dispositivos electrónicos inteligentes es uno de los déficits. También lo es el limitado desarrollo de las capacidades para usar las TIC como herramientas de incidencia y transformación y no solo como medios de entretenimiento e información o de interacción familiar, laboral o de grupos afines. En conclusión: la ciudadanía digital, es un asunto vital en el que falta mucho trecho por recorrer.

Si la acelerada y profunda transformación provocada por el cambio de era, requiere que los ciudadanos demos el salto y nos convirtamos en ciudadanos digitales, pues también los liderazgos sociales y los medios y mecanismos de participación deberán cambiar y ponerse al día. No es posible enfrentar los desafíos de la participación ciudadana en el Siglo XXI, con líderes y métodos del siglo pasado.

Enfrentar los desafíos del Siglo XXI y encarar la recuperación económica y social post COVID, no será posible sin participación ciudadana. Nos corresponde re-conceptualizarla, re-inventarla y reconquistarla. No olvidemos que el derecho de participar está instituido formalmente, pero se consuma únicamente si lo ejercemos y si empujamos desde abajo para que los sistemas, las normas y las estructuras gobernantes se muevan en la dirección y a la velocidad que la realidad demanda.