Vivimos en un mundo y en un continente en que la fuerza laboral en producción y administración es mayoritariamente joven.  En América Latina más del 52% de la PEA son millennials y centennials.  Son estas nuevas generaciones las que están asumiendo la responsabilidad de conducir nuestros países, nuestro continente y el mundo entero.

Por eso es clave su manera de comprender el papel del Estado y su actitud frente a la administración pública.

La crisis integral que atravesamos por los efectos del COVID-19 ha mostrado que la forma de gobernar y de administrar las instituciones públicas, debe cambiar radicalmente.

En la mayoría de los países de América Latina, los Estados han quedado sobrepasados -especialmente en sus sistemas de salud y protección social- y muchos gobiernos han hecho gala de ineficiencia, ineficacia y falta de transparencia, no solo en el manejo de la información, sino también en el uso de los recursos.  Con ello, han abandonado la esencia y la razón de ser de la administración pública que es el bien de la población entera y especialmente de sus sectores más vulnerables.

En este marco resulta indispensable que las nuevas generaciones de mujeres y hombres pongan en sus agendas un derecho hasta hoy poco conocido y re-conocido en nuestras sociedades: el derecho a la buena administración pública.

Este derecho fue establecido en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en el año 2000 y desarrollado ampliamente por la Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la Administración Pública, de 2013 elaborada por el Consejo Directivo del Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo (CLAD).

Este derecho supone tener en cuenta que la buena administración pública es aquella que centra su actuación en la persona y por ello, la orienta siempre al servicio de la población, buscando garantizar el ejercicio de sus derechos, la mejora de sus condiciones de vida y la libertad solidaria de ciudadanas y ciudadanos.

En consecuencia, debe ofrecer con eficacia, eficiencia y calidez servicios públicos oportunos y de calidad que respondan a las necesidades y solucionen los problemas de la ciudadanía, brindándole satisfacción y sobre todo confianza.

También debe fomentar la tolerancia y el entendimiento -no el odio y el enfrentamiento- para lograr la cohesión e integración social y una democracia de alta calidad, que promuevan la mayor participación posible de la ciudadanía en la construcción e implementación de las políticas públicas y en el avance hacia un desarrollo sustentable e incluyente.

En esta perspectiva, y tomando en cuenta que estamos en la cuarta revolución industrial, la buena administración pública del siglo XXI debe, además, asumir un papel de liderazgo en la modernización tecnológica, la innovación y la transformación digital.

Por todo lo anterior, es impostergable emprender de inmediato la transformación de nuestros Estados y administraciones públicas, recordando que en la democracia no son propiedad de políticos, empresarios o funcionarios, sino de las y los ciudadanos de carne y hueso.

Esta tarea la deben asumir y liderar las nuevas generaciones, millenials y centennials, que ya están entre nosotros y han irrumpido en todas las esferas de la vida.  Y lo deben hacer desde la conciencia y el ejercicio de su derecho ciudadano a la buena administración pública y recogiendo las grandes lecciones de la historia que resume bien José Martí cuando nos recuerda que “los derechos se toman no se piden, se arrancan no se mendigan”.

Se trata por tanto de emprender grandes y duras batallas. Pero vale la pena porque el desarrollo, la justicia, la paz y la felicidad de nuestros pueblos, pasan necesariamente por construir buenas administraciones públicas.

En Afán confiamos en las generaciones jóvenes, conscientes que el futuro se construye desde ahora y que la semilla de lo nuevo, de lo que está por venir, ya se encuentra entre nosotros.