Una vez más un tweet del presidente Nayib Bukele, escueto y sin argumentos, publicado el 30 de diciembre del año recién pasado lanza una idea que empieza a resonar en redes sociales y medios de comunicación: reducir el número de municipios del país. Según el presidente, “El Salvador debería estar dividido en 50 municipios, máximo. Es absurdo que 21,000 km² estén divididos en 262 alcaldías”.

Si hacemos una comparación con los países vecinos, las diferencias son notorias. En promedio, un municipio salvadoreño es casi 4 veces más pequeño que uno de Guatemala o 10.6 veces que en Nicaragua.

Centroamérica: Territorio total, número de municipios y territorio promedio por municipio

Aun cuando no existe un parámetro homologado para definir de qué tamaño debería ser un municipio, su extensión (más pequeña o más grande) es uno, pero no el único criterio que debería tomarse en cuenta para gestionar el desarrollo territorial en condiciones adecuadas, especialmente si consideramos que de acuerdo al Código Municipal, el municipio es “la Unidad Política Administrativa primaria dentro de la organización estatal” responsable de gestionar el desarrollo local, para lo que tiene asignadas un largo catálogo de competencias en ámbitos muy diversos como seguridad ciudadana, educación, cultura, deporte, recreación, salud y saneamiento ambiental, espectáculos públicos, participación ciudadana, desarrollo económico local, recursos naturales, transporte terrestre y espacios públicos.

Teniendo en cuenta la importancia de los gobiernos locales, una reforma que modifique los territorios debería estar sustentada no solo en su extensión o tamaño, sino en una visión más amplia e integral de la gestión del desarrollo territorial.

Acá está el primer problema, ya que lo actuado hasta ahora por el gobierno de Nayib Bukele, muestra que los gobiernos locales no le resultan importantes. La lógica de gestión pública que ha impulsado desde el primer día ha sido hiper centralizadora, al punto que se retrocedió en poco tiempo lo que tomó muchos años conseguir en materia de desarrollo local y fortalecimiento de las capacidades de las municipalidades. Como muestra de ello, basten tres ejemplos. El primero es la aprobación, en noviembre del 2021, de una nueva Ley del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios (conocida como Ley FODES), a través de la cual la transferencia de ingresos corrientes del Estado a los municipios se redujo del 10 al 1.5%, generándose debilitamiento y en muchos casos crisis financiera en los municipios. El segundo, que ocurrió de manera simultánea al anterior, es la creación de la Dirección de Obras Municipales (DOM) que ahora centraliza desde el Órgano Ejecutivo la ejecución de proyectos en los municipios, restando autonomía y capacidad de actuación a los gobiernos locales para responder a las demandas de sus comunidades. El tercero es el debilitamiento de la institucionalidad pública destinada al fortalecimiento y promoción del desarrollo local. El Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal (ISDEM) y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local (FISDL) fueron disueltos en noviembre de 2021 y la creación del nuevo Ministerio de Desarrollo Local (MINDEL) no ha derivado en acciones concretas y consistentes para impulsar el fortalecimiento del desarrollo local.

Llegados a este punto, hay preguntas que resultan claves: ¿es necesaria una reforma de este tipo?, ¿cuáles deberían ser los objetivos de esta reforma?, ¿cuáles son en realidad las intenciones que tiene el presidente para sugerir la reforma?

Respecto a la primera pregunta (¿es necesaria una reforma de este tipo?) hay que empezar por situar la situación actual de las municipalidades, lo que requeriría un análisis más exhaustivo, pero resumiremos diciendo que el nivel de endeudamiento y limitada capacidad de recaudación pone a la mayoría de municipalidades en una situación de inviabilidad para cumplir adecuadamente con las amplias competencias que tienen asignadas. Por otra parte, la excesiva fragmentación territorial, la debilidad institucional que tienen y la poca visión y voluntad política para desarrollar gestión asociada de los territorios hace que desafíos estratégicos del desarrollo como la gestión ambiental, la movilidad y el transporte, la seguridad ciudadana o el desarrollo económico local (para mencionar algunos) no se logren gestionar con eficiencia y eficacia.

En ese contexto, cae de su peso la necesidad de una reforma. Sin embargo, como se ha dicho antes, avanzar hacia mejores formas de gestionar el desarrollo local, no se resuelve únicamente con reducir de 262 a 50 municipios.

Esto nos lleva al segundo punto: ¿cuáles deberían ser los objetivos de una reforma de este tipo? Sin duda, el primero y más importante debería ser crear mejores condiciones para gestionar el desarrollo territorial como una dimensión estratégica del desarrollo nacional. En consecuencia, debería tratarse de una reforma integral, que no solo aborde el número de municipios, sino también sus competencias, su institucionalidad y también las competencias de las instituciones del Órgano Ejecutivo y los mecanismos de articulación nacional-local.

Al respecto es relevante que se asuma que los gobiernos locales son parte de la institucionalidad del Estado salvadoreño. Por lo tanto, si se cambia algo en el nivel local, es necesario adecuar el nivel intermedio (departamentos y regiones), así como el nivel nacional.

En esa perspectiva, la experiencia internacional indica que no es inteligente, correcto, eficaz ni eficiente gestionar el desarrollo de un país con centralización y “desde la capital”. Por el contrario, se debe buscar un adecuado equilibrio y racionalidad entre descentralización y centralización de las competencias de los diferentes niveles del gobierno, buscando que estas se ejerzan por el nivel de gobierno que lo pueda hacer mejor, poniendo en el centro los intereses y derechos de la ciudadanía. Sin embargo, en el caso de El Salvador y a partir de lo actuado por el actual gobierno, esto parece no tener cabida ya que caminamos veloces en una reforma institucional centralizadora que ha debilitado aceleradamente a los gobiernos locales.