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COVID-19:  Un llamado de emergencia a la transformación educativa

“La educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo”

Nelson Mandela

En septiembre del 2015, en un hecho inédito en la historia, los 193 países que integran la Organización de Naciones Unidas, ONU, acordaron una agenda mundial para el desarrollo, la Agenda 2030 Desarrollo Sostenible, vertebrada por 17 objetivos.

El cuarto objetivo expresa el compromiso de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas. Además, resalta la equidad y la inclusión como principios orientadores, asumiendo que “ninguna meta educativa debe considerarse lograda a menos que se haya logrado para todos”.

La Agenda 2030 señala la educación como un factor clave para el cumplimiento de todos los Objetivos y para alcanzar el bienestar, la prosperidad y la sostenibilidad ambiental.

Sin embargo, apenas cinco años más tarde, a principios del 2020, la COVID-19 irrumpía en el mundo, generando una crisis sin precedentes en el campo de la educación, al provocar el cierre masivo de las actividades presenciales de las instituciones educativas en más de 190 países, con el fin de evitar la propagación del virus y mitigar su impacto. Con ello, alrededor de 1600 millones de niños y jóvenes -cerca del 80 % de los estudiantes en edad escolar en el mundo- dejaron de asistir a la escuela.

En consecuencia, estamos enfrentando una de las mayores amenazas para la educación global, siendo su peor consecuencia la desaparición durante meses del mayor igualador social: la escuela.

Pero la crisis educativa no nace con la pandemia. Antes de que surgiera el coronavirus, UNICEF alertaba que, alrededor de 262 millones de niños y adolescentes de todo el mundo (uno de cada cinco) no podían ir a la escuela o recibir una educación completa, a causa de la pobreza, la discriminación, el cambio climático, los desplazamientos forzosos, o la falta de docentes e infraestructura.

Y como si eso fuera poco, la COVID-19, al obligar que la educación de la niñez, adolescencia y juventud se desarrolle a distancia, evidenció otra brecha, la digital, que también impacta sobre la educación y que está llevando a los estudiantes de menores recursos económicos a una precariedad educativa extrema.

La desigualdad en el acceso a oportunidades educativas por la vía digital ha venido aumentando las brechas en materia de acceso a la información y el conocimiento, lo que dificulta aún más la socialización y la inclusión en general.

En esta perspectiva, el reto que tienen nuestros países para garantizar el derecho a la educación y hacer realidad la Agenda 2030 es gigantesco. Y no se podrá enfrentar adecuadamente sin reconocer y asumir las deudas históricas con los grupos excluidos y marginados del acceso a oportunidades de aprendizaje y a una educación de calidad, relevante y adaptada a sus condiciones, necesidades y aspiraciones.

Además, la política educativa deberá atender los efectos inmediatos y de largo plazo que tiene la pandemia y reconstruir una propuesta educativa cualitativamente distinta y superior a la anterior.

En otras palabras, se trata de aprovechar la oportunidad de la crisis para replantearnos el propósito de la educación y su papel en el sostenimiento de la vida y la dignidad humanas, para que nadie se quede atrás, para transformar los sistemas educativos nacionales en sistemas equitativos e inclusivos que contribuyan al cumplimiento del compromiso colectivo asumido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.  Y esto solo podrá lograrse con un  alto nivel de innovación -dado que no existe una receta única para todos los países- y con el pleno involucramiento del Estado y la sociedad.

La apuesta es mejorar sustantivamente el corazón y el cerebro de la educación, es decir, sus contenidos y metodologías, su consistencia curricular, la formación y capacitación docente, sus recursos humanos, tecnológicos y financieros, así como la ampliación del espacio educativo al mundo entero.

Es innegable que en ese esfuerzo, el gobierno tiene una responsabilidad ineludible como líder,  articulador y facilitador del proceso, pero también es esencial que la sociedad se involucre y aporte, tanto los padres y la familia, que adquieren una importancia mucho mayor dentro de la comunidad educativa, como la ciudadanía y las empresas que deben participar responsable y creativamente en la construcción de soluciones.

Solo así colocaremos la educación en el lugar que le corresponde como un derecho humano fundamental reconocido y asumido por la Agenda 2030 y la convertiremos en la palanca más poderosa del desarrollo de nuestros países y del planeta.

Alberto Enríquez Villacorta
04 de febrero de 2021
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